Aires de paz con la entrada de Suiza en el Consejo de Seguridad de la ONU

Las prioridades del país, que permanecerá en el Consejo de Seguridad (CS) durante los años 2023-2024, están dirigidas a promover una paz duradera, proteger a la población civil, afianzar la seguridad climática y aumentar la eficacia de este Organismo. En su carta de solicitud se puede leer: «Nuestra política exterior se guía por la firme convicción de que el respeto al Estado de Derecho y la realización de los derechos humanos para todos son los fundamentos de las sociedades pacíficas, prósperas y sostenibles».

Las expectativas de esta nueva membresía son amplias: el presidente helvético, Ignazio Cassis, celebraba esta elección con la esperanza de que Suiza siga trabajando en el CS como lo ha estado haciendo en los demás organismos onusianos, “ofreciendo sus buenos oficios, promoviendo el diálogo y siendo creativa”. Por su parte, la embajadora suiza ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Pascale Baeriswyl, declaraba en la ceremonia de ingreso que “más allá de las guerras y conflictos, los verdaderos enemigos que hay que derrotar son el hambre, la pobreza y la superstición”. 

Mientras algunas asociaciones civiles de política exterior ven una oportunidad de lograr avances en los derechos humanos, las organizaciones de mujeres y en la participación política; otras voces de la diplomacia helvética inciden en la importancia, de trabajar con resoluciones puestas encima de la mesa, a fin de proteger el orden jurídico internacional “amenazado” por las continuas violaciones de los derechos humanos así como encontrar apoyos para asegurar el derecho internacional.

El máximo órgano ejecutivo de la ONU está formado por 15 países: cinco miembros permanentes con derecho a veto –China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia– y 10 miembros no permanentes elegidos por la Asamblea General por un período de dos años.

Suiza comienza su nuevo mandato en el CS para contribuir a la paz en un contexto económico político y social poco favorable. Por un lado, en 2021, se producía la ruptura de las negociaciones entre la Confederación Helvética y la Comisión Europea, por lo que las relaciones con sus 27 vecinos europeos se encuentran, según los especialistas, en “estado vegetativo”. Por otro lado, el ambiente de impotencia y preocupación entre los miembros del Consejo, totalmente divididos por la crisis geopolítica y el drama provocado por la invasión rusa en Ucrania, considerada una grave violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.

En contra del derecho internacional humanitario establecido en los convenios de Ginebra, se suceden en el continente europeo matanzas de ciudadanos, ataques a infraestructuras civiles y la huida de millones de refugiados, sin que el CS consiga intervenir. En febrero de 2022, Rusia bloqueaba la Resolución del Consejo que condenaba la invasión de Ucrania, por lo que no se pudieron tomar medidas contra la guerra. Su voto en contra hizo que se frenara una iniciativa que habría permitido llevar a cabo sus misiones de policía internacional, imponer sanciones o lanzar ofensivas militares.

Experiencia en políticas de paz

La comunidad internacional reconoce a Suiza por prestar servicios de mediación en conflictos, tender puentes para la paz y por su labor humanitaria. Su política de neutralidad y de no intervención en conflictos armados la convierten en un actor potencial de mediador entre naciones. 

Thomas Biersteker, profesor honorario del Instituto de Posgrado de Ginebra y especialista en el Consejo de Seguridad de la ONU, en declaraciones recientes señalaba que “la historia de su neutralidad y la accesibilidad de Suiza a las partes en conflicto deberían ser una ventaja”.

En estas declaraciones también pone en valor una capacidad creativa e innovadora para promover el diálogo que no tienen los otros miembros elegidos, además de destacar que cuenta con “un cuerpo diplomático de alta calidad, capaz, justo y equilibrado: Creo que Suiza puede desempeñar de nuevo el papel clave de la neutralidad”, afirma Biersteker, quien opina que el principal reto en esta nueva etapa es “guiar la política del Consejo y tratar de mantener los canales abiertos”.

Más de 100 años en pro de la paz

Las relaciones Suiza-ONU se remontan a 1920, año en que el país fue miembro de pleno derecho de la Sociedad de las Naciones -precursora de la ONU- con sede en Ginebra, creada al final de la Primera Guerra Mundial con la misión de promover la cooperación, lograr la paz y la seguridad.

Tras la Segunda Guerra Mundial quedó disuelta por su imposibilidad de actuar y fue sustituida por la ONU con nueva sede en Nueva York. No obstante, la sede europea ha permanecido en Ginebra hasta el día de hoy como el segundo centro neurálgico de este Organismo Internacional, y esto a pesar de que desde 1945 el país rechazaba sistemáticamente unirse al Organismo, con el argumento de la defensa de su neutralidad. Un referéndum en 1986 rechazaba esta adhesión con los votos en contra de un 75% de los votantes.

Tuvieron que pasar 57 años (2002) para que el país alpino, tras la votación popular promovida por el pueblo y aprobada en las urnas -54,6% de votos a favor- acabara con su tradicional “aislamiento internacional” y se convirtiera en el 190º Estado miembro de la ONU.

¿Una reforma imposible?

Desde la creación de Naciones Unidas en 1945 hasta la actualidad, se mantienen las grandes cuestiones: cómo es posible que cinco países puedan decidir sobre la suerte de los casi 200 países que conforman esta Institución Internacional, cómo se justifica que los países agresores que se sientan como miembros del Consejo de Seguridad puedan cometer abusos de poder, ir a la guerra sin sufrir sanciones, permitir que un único país pueda impedir que se investigue, por ejemplo, el uso de armas químicas o bloquear los mecanismos de Policía internacional previstos en la carta de la ONU para frenar las guerras.

La urgencia de una reforma es más que evidente, ya que lejos de cumplir la promesa de crear un mundo pacífico, ha sido incapaz de resolver los grandes conflictos, carece de un funcionamiento democrático y adolece de falta de representatividad geográfica -no tiene ningún miembro permanente de África ni de América latina-.

Suiza lleva tiempo proponiendo cambios en la Institución. Desde 2013, junto con una docena de otros Estados miembros, está planteando una reforma democrática del CS, una mayor transparencia y propuestas para permitir más reuniones públicas. No es partidaria del derecho de veto -concesión hecha a las potencias ganadoras tras la Segunda Guerra Mundial-. Sin embargo, sin consenso, realizar cambios en el Consejo es casi imposible, ya que habría que modificar la Carta de las Naciones Unidas y para esto sería necesario los votos favorables de dos tercios de la Asamblea General de la ONU, incluidos los cinco miembros permanentes.

El embajador Thomas Gürber, recién nombrado titular de la misión suiza en la ONU, pocos meses antes de tomar su escaño, declaraba que el país que representa “siempre ha tenido un interés vital en la estabilidad, la paz y la primacía del estado de derecho sobre el estado de poder”, y que “la cooperación y el diálogo son las claves para nuestro compromiso, porque ningún actor por sí solo puede cambiar el mundo”.

También ha dado cuenta de trabajos anteriores a esta etapa, como la creación en 2015 de un Grupo de países coordinados por Suiza, que pide a las potencias con derecho a veto, que se abstengan de utilizarlo en casos de crímenes internacionales. Se trata de una propuesta sobre el Código de Conducta contra los genocidios, los crímenes contra la humanidad o los crímenes de guerra. Dicho Código, informa Gürber, “insta, a todos los miembros del Consejo de Seguridad, a no votar en contra de ningún proyecto de resolución creíble destinado a prevenir o detener atrocidades masivas”. Lo han firmado más de 120 Estados y añade que tiene la intención de seguir aumentando este número todavía más.

Conocido por sus contundentes críticas al “orden mortífero del mundo”, el escritor y miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jean Ziegler (Thun, 1934), aboga sin miramientos por la supresión del derecho al veto de las cinco potencias y que el Consejo de Seguridad integre al resto de países.

Insiste de forma categórica en que no se puede justificar de ninguna manera el monopolio que ejercen los países más poderosos sobre el mundo, por lo que considera necesario establecer un nuevo equilibrio de poderes, distinto al impuesto por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Afirma que la paz y la seguridad internacional tienen que estar garantizadas por “una responsabilidad colectiva”, y que a día de hoy no se puede admitir que unos pocos Estados decidan sobre el mundo en función de sus propios intereses políticos, económicos y geoestratégicos.

Con su célebre frase “o acabamos con el orden caníbal del mundo o bien este acaba con nosotros”, confía en la creación de una nueva sociedad civil mundial, una miríada de movimientos sociales; frentes de resistencia que se oponen a la violencia estructural que encarna la peor cara del sistema. Rozando los 90 años, Ziegler mantiene su creencia en que “el despertar de las conciencias aún es posible”.