El suicidio asistido en Suiza, una demanda creciente que se impone

Más allá de las fronteras

Este especial derecho, contemplado en muy pocos lugares del mundo, se amplía en Suiza a las personas extranjeras que vivan en otros países y que soliciten acabar sus días con una muerte legal.

Dignitas “Vivir dignamente – Morir dignamente” es una de las principales organizaciones que admite a pacientes no residentes. En su página indica que ofrece esta opción a toda persona que padezca enfermedades sin esperanza o incurables, médicamente diagnosticadas, dolores insoportables o incapacidades irrazonables. En el pasado año 2022, entre residentes y extranjeros sumaban alrededor de 12.000 afiliados. Aunque no todos ellos utilizarán el servicio de muerte asistida, sí que podrán ejercer su derecho a morir dignamente.

La fundación Eternal Espirit también extiende sus actividades a otros países. Según su fundadora, la doctora y activista Erika Preizig, las llamadas de personas de todo el mundo con enfermedades incurables es imparable, sostiene que este derecho debería extenderse por todo el mundo, de la otra forma “la gente tiene que dejar sus países, viajar muchas veces en circunstancias dolorosas para encontrar la paz en Suiza”. Eso sí, advierte que las autoridades helvéticas son exigentes cuando analizan los casos, tienen en cuenta diferentes factores antes de aprobar la admisión, como si se han asociado a alguna de las organizaciones con suficiente antelación.

Estas dos asociaciones, entre otras, no solo se ocupan de atender las demandas de las personas que solicitan asistencia, sino que mantienen una lucha comprometida para promover una legislación del suicidio en todos los países, para que el mayor número de Estados reconozcan a sus ciudadanos el “último derecho humano”, y que este se pueda ejercer de manera práctica y eficiente, incluido los acompañantes en los últimos momentos. En su sitio web el grupo Dignitas expresa la convicción de que el derecho de una persona a decidir cuándo y cómo quiere acabar su vida, forma parte del derecho de autodeterminación de la persona. Por su parte, en entrevista a Swissinfo.ch del 15/10/2021, la doctora Preizig se manifiesta convencida de que en unos años habrá tantos países que legalicen el suicidio asistido como países que han legalizado el aborto.

Un código penal abierto

La base jurídica de las organizaciones de ayuda al suicidio se encuentra en el artículo 115 del Código Penal Suizo (vigente desde 1940), del que se infiere que el suicidio asistido es legal, siempre y cuando la persona que ayuda no lo haga por motivos egoístas. Los motivos de interés egoísta se refieren a si quien ayuda pudiera obtener ganancias económicas. No se considera delito que alguien reciba una compensación monetaria “normal” por el servicio de acompañamiento al final de la vida.

Según esta legislación, la persona que desea morir debe estar en su sano juicio y mantener el control sobre el acto. La eutanasia activa o asesinato por encargo está prohibida en el país. En dicho artículo del Código Penal no se hace alusión a la situación de la persona que ayuda, a su profesión, a los medios para ingerir la sustancia letal, ni al tipo de enfermedades y sufrimientos de quienes pueden demandar esta ayuda.

Opositores y obstáculos

A pesar de esta amplia e imprecisa base legal que permite actuar a las organizaciones, el “suicidio acompañado” tiene sus opositores y obstáculos. La principal razón que esgrime la mayoría de personas que se oponen al derecho de autodeterminación suele estar fundamentada en creencias religiosas. La fe católica condena tanto al que comete suicidio como al que lo asiste. En un análisis sobre suicidios publicado por el Instituto de Medicina Social y Preventiva (ISPM por sus siglas en alemán), las personas que no profesan ninguna religión se suicidan más que protestantes y católicos. El estudio concluye que en los casos de suicidio asistido la relación con la religión es incluso más marcada, ya que son significativamente menos los casos de suicidio asistido entre los católicos y más entre aquellos que no profesan ninguna religión. 

Si atendemos a la esfera jurídica, los problemas se agravan, en los últimos años los medios de comunicación se han hecho eco de la situación de varios médicos y profesionales de la muerte asistida envueltos en procesos penales. Sentencias de penas de cárcel, multas y casos pendientes planean sobre algunos miembros de estas organizaciones que han podido transgredir los límites admitidos por la normativa jurídica. 

Otro de los frentes que complica todo el entramado de esta práctica y que ha salido a la palestra en el país alpino recientemente es la nueva normativa de la Asociación Médica Suiza (FMH), que ha decidido incorporar las nuevas directrices de la Academia Suiza de Ciencias Médicas (SAMS). Entre otras, preocupa especialmente la nueva norma por la que paciente y médico deberán realizar dos citas médicas en el plazo de dos semanas antes de la decisión final, en vez de los dos o tres días que se requerían en el plan antiguo. 

Según las organizaciones defensoras del “derecho a morir” esta nueva normativa dificulta, entre otras cosas, la llegada de los pacientes extranjeros, en su mayoría personas mayores en situaciones delicadas y con discapacidades, que no podrán costearse el plus de una estancia de dos semanas más en Suiza.